Pareja gay en lucha migratoria de vida o muerte

Un matrimonio que no es legal para las leyes federales

 

SAN FRANCISCO, California - Una pareja gay de San Francisco, casada desde hace siete años, lucha con todos los recursos legales disponibles para evitar una deportación que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte: El hombre que será expulsado es el único soporte económico de su esposo, quien padece de Sida, y sin él quedará sin apoyo en un caso que ilustra la importancia de la institución matrimonial sin importar el sexo.

Usando la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), la administración Obama le negó la residencia permanente al australiano John Makk y ordenó su expulsión del país. Makk es el único soporte económico de su pareja, Bradford Wells, quien padece de Sida.

De acuerdo al diario San Francisco Chronicle, la pareja se casó hace siete años en Massachusetts, donde el matrimonio gay es legal desde 2004.

Makk vive desde hace 19 años con Wells en un apartamento del Distrito de Castro en San Francisco, y solicitó la residencia permanente como esposo de un ciudadano americano. Aseguró que nunca ha estado ilegalmente en el país porque invirtió en negocios y en propiedades para lograr los requerimientos de una visa de negocios.

Pero el Servicio de Inmigración negó la residencia permanente citando una ley de 1996, la DOMA, que les niega todos los derechos a las parejas del mismo sexo en cuanto a la jurisdicción federal.

Esta ley fue firmada en 1996 por el presidente Bill Clinton, y define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo tanto ninguna agencia federal puede reconocer a una pareja del mismo sexo como matrimonio, negándoles derechos migratorios, financieros o del Seguro Social, entre otros, que no les negarían a un matrimonio heterosexual.

La  abogada de inmigración Jessica Dominguez dijo a Univision14.com que el caso plantea la gran distancia entre las leyes federales y las estatales. “Aunque algunos estados reconocen los matrimonios del mismo sexo, el gobierno federal por el DOMA (ley federal) no los reconoce. Si el gobierno federal no los reconoce entonces no existen beneficios bajo las leyes de inmigración que son leyes federales.

No siempre fue así: Previo a la DOMA el gobierno federal aceptaba como matrimonio lo que los Estados determinaran que era un matrimonio legal.

La organización “Immigration Equality”, que ha estado trabajando en el caso migratorio de la pareja, recibió una notificación el pasado viernes ordenando a Makk irse del país antes del 25 de agosto del 2011.

La salud de Wells estaría en juego

Wells, el ciudadano estadounidense, le dijo al San Francisco Chronicle: “Estoy casado como cualquier otra persona en este país (...) pero el gobierno puede venir y llevarse a mi esposo y deportarlo (...) me enfurece, me decepciona. No tengo poder, no tengo derechos para mantener a mi marido en este país. Yo amo este país, pago impuestos y no tengo el derecho de compartir mi hogar con la persona con la que me casé.”

Según el reporte del Chronicle, el Servicio de Inmigración le negó la visa A Makk porque "La relación entre Makk y Wells no es una que califique para estos efectos. Para que la relación califique como un matrimonio para propósitos federales, una pareja debe ser mujer y la otra un hombre.”

La DOMA, por otro lado, no ha estado exenta de polémicas en las cortes y así en junio pasado un Tribunal de Quiebras de Los Ángeles la declaró inconstitucional porque "ninguna pareja casada legalmente debe tener menos derechos de quiebra que cualquier otra pareja casada legalmente".

En este caso una pareja gay pidió acogerse a la Ley de Quiebras para poner en orden sus finanzas y el gobierno federal rechazó la petición.

El gobierno del presidente Barack Obama ha dejado de defender la DOMA en los tribunales y sin embargo sigue ejecutándola.

Jorge Mario Cabrera, de la organización Chirla, dijo a Univision14.com que “la política del Presidente Obama es de no separar familias (…) la administración ha dicho que considera la ley DOMA inconsistente con los valores de este país.  La decisión del Departamento de Seguridad Interna en este caso, entonces, representa una doble postura hipócrita, injusta, y retrógrada y la rechazamos enérgicamente"

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